Patricia Isasa ha luchado por obtener justicia y transparencia desde hace más de 30 años. Patricia tenía 16 años cuando fue secuestrada en Julio de 1976 por un commando de la policía provincial. Luego fue llevada a uno de los 375 centros de detención y tortura clandestinos de la dictadura.

Desde 1997,y de manera exhaustiva, Patricia ha recolectado documentación para lograr poner detrás de rejas a los perpetradores. Sin embargo, las leyes de punto final y amnistía decretadas a comienzos de los ‘90 impidieron cualquier posibilidad de llevar con éxito ante los tribunales a los ex líderes militares por sus crímenes contra los derechos humanos. El año pasado, la Corte Suprema derogó las leyes de amnistía que protegían a los antiguos militares que sirvieron bajo la dictadura. En una entrevista reciente con Patricia, ella se refirió a los desarrollos recientes de su caso, así como a la esperanza de obtener verdad y justicia.

Cómo comenzaste la investigación sobre los responsables de tu detención y tortura? Me secuestraron en 1976. Entre los 16 y los 19, permanecí recluida en los centros de detención clandestinos de la dictadura. Cuando me detuvieron tomé una serie de decisiones: decidí que quería sobrevivir, que tenía que vivir para contar lo que había soportado y que iba a continuar siendo la misma de siempre, así estuviera en un centro de detención. Traté de averiguar quién más estaba allí. A pesar de que nos tenían encapuchados, vendados, encadenados y pésimamente alimentados, todos nos preocupamos de saber dónde estábamos. A pesar de la situación, intentábamos identificar a los funcionarios militares así como quiénes estaban en las celdas contiguas. Esto nos servía para reconstruir lo que nos estaba pasando. Así comenzó mi pesquisa. La investigación de documentos la commence en 1997.

Me he documentado muy bien, cuento con miles de documentos. Cuando terminé, había identificado los centros clandestinos donde mis compañeros y yo habíamos sido detenidos. Localicé los centros de exterminio y los centros de tortura. Conseguí los nombres y apellidos de los represores. Logré construir un mapa de la represión sufrida. Unos militares tenían a su cargo secuestrar y torturar, otros la interrogación y otros se hacían cargo de supervisar el funcionamiento del centro de detención (tenían que administrar todo aquello). Cuento con una lista de todas las personas desaparecidas en la capital de Santa Fe. Pude ubicar algunas tumbas clandestinas donde enterraron a los desaparecidos, pero no todas las tumbas. Sigo esperando que las cortes hagan uso de esta información para que podamos localizar los cuerpos de los desaparecidos que siguen faltando, lo que les proporcionaría paz a los familiares de las victimas.

Qué acciones legales has tomado en tu caso y cómo afectaron las leyes de amnistía el juicio?

Cuando terminé mi investigación me di cuenta de que no podía llevar mi caso ante los tribunals argentinos porque era el año 1997-98. Entonces llevé el caso a España y lo presenté ante el juez internacional Baltasar Garzón. Garzón dijo que era una de las investigaciones más importantes de la dictadura militar en Argentina. Es increíble que yo haya hecho la investigación sola, mientras trabajaba como arquitecta y siendo una de las víctimas, fue muy doloroso. Es obvio que si yo pude hacerla por mi cuenta, ¿cómo no iban a poder hacerla los tribunales? No la hicieron porque no les importaba, no porque no pudieran. En 1998, las cortes españolas pidieron la extradición de los responsables de las detenciones y desapariciones. En julio 2001, volvieron a pedir la extradición y seis sospechosos fueron detenidos. El día que la jueza federal Gabriela Cavallo iba a fallar a favor de su extradición, el presidente Fernando De la Rúa firmó un decreto que liberaba a los seis. Las cortes argentinas se vieron entonces obligadas a llevar a cabo su propio juicio. No fue hasta 2005 que el caso comenzó a progresar, gracias a un documental sobre mi caso cuyo estreno transmitió la televisión nacional. Ahí si los detuvieron. Sería interesante que los supuestos represores y torturadores llegaran a juicio antes de abril 2007. Después de esta fecha, los que enfrentan cargos tienen la posibilidad de ser liberados. Lo último que ha ocurrido es que han intentado remplazar al juez que lleva mi caso. ¿Cómo puede haber sido retrasado tanto tiempo este caso? Lo yo que necesito como víctima y como ciudadana es que se haga un juicio.

MT: ¿Qué conexión ves entre lo que pasó en Argentina con otras partes del mundo donde el gobierno ha cometido violaciones a los derechos humanos?

PI: La represión durante la dictadura era parte de un plan concreto. Muchos de los ex militares argentinos fueron entrenados en la Escuela de las Américas. En mi caso Juan Marcelini, Jefe de Inteligencia de la Provincia de Santa Fe, se había graduado en la Escuela de las Américas. Ahora está detrás de rejas. Lo que yo viví en carne propia es fruto de lo que enseñan en la Escuela de las Américas y sus manuales.

La lista de violaciones a los derechos humanos de Argentina es larga y grave. Las violaciones son la consecuencia de un determinado entrenamiento y dicho entrenamiento se sustenta en una ideología. Cuando ves los métodos de tortura utilizados en la prisión de Abu Ghraib que es administrada por los EEUU, ves que los mismos métodos se utilizaron en Argentina hace 30 años. No es una coincidencia que 30 años más tarde se usen las mismas técnicas de tortura.

MT: ¿Qué esperanzas tienes de obtener justicia después de que la Corte Suprema dictaminó que las leyes de amnistía a los militares eran inconstitucionales?

PI: Esta gente (los acusados) es clave para el caso, porque fueron ellos quienes estuvieron en contacto directo con las víctimas; quienes utilizaron las técnicas de tortura sobre nuestros cuerpos. Mi historia es sólo un ejemplo de lo que le sucedió a otras 30.000 personas, con la diferencia de que yo sigo viva. Esta es una lucha por obtener justicia que he llevado a cabo por hace más de 30 años. Hace casi 10 años que terminé de documentar el caso, y ocho desde que lo presenté ante las cortes internacionales.

La justicia que llega tarde es mejor que una que no llega nunca. La derogación de las leyes de amnistía es algo bueno. Lo que yo quisiera es que los tribunals que inculpan a los ex funcionarios militares se preocuparan de buscar la verdad, que sean capaces de mirar bajo la superficie y explicar lo que ocurrió y por qué ocurrió. ¿Por qué decidió el Estado secuestrar, matar y ocultar los cuerpos de 30.000 de sus ciudadanos? Lo que el pueblo argentino necesita es justicia.

Anexo: Una lista de quienes están en prisión con cargos formulados en su contra: El “Pollo” Héctor Romeo Colombini, Eduardo Ramos, Mario José Fasino, María Eva Aevis, Víctor Hermes Brusa y Juan Marcelini (tres más han sido arrestados gracias a la documentación presentada por Patricia.) Marie Trigona es una escritora y traductora radicada en Buenos Aires que forma parte del Grupo Alavío. Puede dirigirse a ella a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla . Para más información sobre derechos humanos en la Argentina, consulte: www.agoratv.org

Comments (1)

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written by kay, December 09, 2010

You are a dumb ass jealous michigan fan. He should not be suspended. In case you forgot the elbow is manny harris's only move, so if u want to suspend someone you should suspend him. Lucas is a baller and u of m sucks so just deal with it and go blow.http://www.good4shopper.com/hamilton-watches.html

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